La justicia barcelonesa quiere frenar la picaresca en concursos de particulares
Desde que en septiembre del 2022 entró en vigor la reforma de la ley concursal, el procedimiento se ha simplificado y los juzgados han recibido un alud de solicitudes impulsadas por empresas que han anunciado a bombo y platillo la facilidad para obtener la exoneración de las deudas. Ante este panorama, los doce juzgados de lo mercantil de Barcelona han acordado aumentar el control.
Según el acuerdo de unificación de criterios, los juzgados consideran el salario como masa activa del concurso siempre que la cuantía supere el SMI, pueda cubrir los gastos del concurso y satisfacer las necesidades básicas del deudor.
La clave consistirá en acreditar que el deudor pueda soportar un “esfuerzo razonable” para devolver las deudas. De ser así, el concurso será declarado con masa activa, se nombrará administrador concursal y se acordará un plan de pagos que obligará al deudor devolver totalidad o parte de la deuda en un plazo de 3 o 5 años.
Josep Pujolràs, socio de Reestructuraciones de RocaJunyent, considera que “los criterios son adecuados para acercar la ley a la realidad y para fundamentar adecuadamente las decisiones judiciales y evitar prácticas que perjudiquen a los acreedores”.
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