El TSJ del País Vasco sigue al de Cataluña y otorga a un trabajador una indemnización de 30.000 euros adicional por despido improcedente
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (1040/2024 de 23 de abril del 2024) ha hecho suyo las tesis de la Carta Social Europea y considera insuficiente la indemnización por despido improcedente conforme al criterio legal del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, ha condenado a un empleador a abonar una indemnización adicional de 30.000 euros por la terminación del contrato de trabajo. El TSJ de Cataluña fue el primero en fallar a favor de aumentar la indemnización por despido de una trabajadora por encima del máximo que marca la ley.
Alberto Novoa, socio del departamento de Derecho Laboral de RocaJunyent, afirma en esta noticia de Economist & Jurist, que este hecho genera un efecto disuasivo para los empleadores: “La indemnización por despido improcedente no solo debe compensar al trabajador, sino también disuadir a los empleadores de cometer abusos. Si la indemnización es insuficiente, no cumpliría su función disuasoria”.
Además considera que en este contexto económico y social “las condiciones económicas y sociales varían entre países y regiones. Una interpretación flexible de la Carta Social Europea permite adaptar las indemnizaciones a la realidad local”.
Para los que están en contra de dicha medida, Alberto Novoa indica que “se habla de seguridad jurídica. Mantener una indemnización tasada proporciona seguridad jurídica tanto para los empleadores como para los trabajadores. Una interpretación expansiva podría generar incertidumbre y dificultades en la aplicación práctica”.
Otra cuestión que cita es la “equidad y predictibilidad. La igualdad de trato entre trabajadores y la previsibilidad en las relaciones laborales son fundamentales. Una interpretación estricta podría garantizar una mayor uniformidad en las indemnizaciones”.
Y como tercer elemento alude a que es un coste adicional para las empresas: “Un aumento significativo en las indemnizaciones podría afectar la viabilidad económica de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Esto podría tener consecuencias negativas para el empleo”.
Destaca que, “en general, la jurisdicción Social en España ha adoptado una postura cautelosa en lo que respecta a las interpretaciones expansivas del sistema legal de indemnizaciones por despido. Ahí tienen en cuenta cuestiones de seguridad jurídica y predictibilidad; de equidad y uniformidad. La igualdad de trato entre los trabajadores es fundamental".
“Una interpretación expansiva podría generar disparidades en las indemnizaciones según la región o el juez que conozca el caso. La prudencia garantiza una mayor uniformidad y equidad en la aplicación de la ley”, comenta.
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