Alzas de impuestos que no favorecen la inversión

España – a diferencia de numerosos países de nuestro entorno – es uno de los países con mayor proporción de inversión extranjera. Gozar de la confianza de los inversores extranjeros dice mucho de nuestra “credibilidad” como país. Los inversores buscan para sus ahorros y capitales lo mismo que cualquiera de nosotros buscaríamos: seguridad y rentabilidad.

Sin embargo, existe una peculiaridad del inversor foráneo que no está tan al alcance del nacional y es “la posibilidad de elegir”. Si un inversor extranjero percibe que invertir en España no le proporciona una rentabilidad o seguridad que considere razonable, simplemente, busca mejores destinos.

No debería extrañarnos si la inversión en España se resiente ya que el acuerdo PSOE y UP no incluye ninguna medida tendente a “atraer” inversión extranjera y, por el contrario, se anuncia una subida generalizada de impuestos para inversores españoles y extranjeros, con especial ensañamiento sobre los “grandes patrimonios”, grandes corporaciones, entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

Muchas de las medidas que se anuncian ya se contenían en el fallido proyecto de ley de Presupuestos que abocó a nuevas elecciones; otras incluso fueron preparadas por el gobierno del PP que no las aprobó por falta de tiempo.

Se anuncia una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades. Para su aplicación, el acuerdo parece distinguir entre “buenos” (las pymes) y “malos” (las grandes corporaciones); mientras para las primeras contempla una reducción del impuesto del 25% al 23%, a las últimas les vaticina una tributación mínima, “hagan lo que hagan”.

Una simplificación como ésta no solo no favorece el crecimiento de las empresas españolas (a pocas pymes les quedarán ganas de convertirse en una “gran corporación”), sino que desincentiva cualquier ánimo emprendedor o inversor. Creemos que no debe tratarse por igual a una empresa (sea “gran corporación” o pyme) que invierte, crece, genera riqueza, crea empleo y es socialmente responsable frente a otra que hace todo lo contrario.

Nuestro sistema constitucional obliga a que los que más capacidad económica tienen contribuyan más, pero eso no puede llevar a establecer una suerte de ¡café para todos! y que dicho deber de contribuir no se vea atemperado en la medida en que se esté generando riqueza y/o empleo.

Otra “vieja conocida” que se anuncia es la subida de la tributación de los dividendos y beneficios por venta de acciones. Es muy fácil disfrazar la medida de reducción de beneficios para los “malos” cuando lo que realmente persigue es “hacer pagar dos veces por los mismos beneficios”. Lo injusto de esta medida se comprende fácilmente si pensamos que, de la misma forma que nosotros queremos que los inversores extranjeros paguen impuestos en España, cuando las empresas españolas invierten en el extranjero (por suerte, cada vez más) ellas también pagan impuestos en esos países. No puede parecernos correcto que las empresas españolas “vuelvan” a pagar impuestos (es decir paguen dos veces por los mismos beneficios) cuando las rentas obtenidas en el extranjero se repatríen a España en forma de dividendos. No es una cuestión de beneficios fiscales sino de justicia tributaria. La medida propuesta consagra la doble, triple o cuádruple tributación cuando, además, la actual normativa impide la deducción de las pérdidas que se produzcan, es decir, si “ganas” pagas y si “pierdes” también pagas. Lo peor es que esta “doble imposición” parece que también se quiere establecer para los dividendos y plusvalías netamente españoles, lo que hace albergar dudas acerca de la constitucionalidad de la modificación que se pretende.

El ejemplo francés

Otras de las medidas anunciadas se refieren al establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras y la llamada tasa digital. Ambas medidas también fueron ya anunciadas por parte del Gobierno del PP. Establecer estos impuestos sólo tiene sentido si se hace de forma coordinada por todos los países de la UE o de la OCDE. Ser de los primeros en establecerla sólo puede abocarnos a males mayores. Sirva como ejemplo lo que les ha ocurrido a nuestros vecinos franceses, que, por apresurarse en establecer un impuesto similar sobre las empresas tecnológicas, han motivado que EEUU se esté planteando aprobar un impuesto del 100% sobre los vinos de procedencia francesa.

Por lo que se refiere al establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras, también creemos que debería esperarse a que la UE hiciera lo propio, de lo contrario, nuestra economía se vería perjudicada en beneficio del resto de países comunitarios, no olvidemos que existe libertad de movimiento de capitales.

No se escapan las personas físicas de la subida de impuestos para las que el acuerdo anuncia un incremento de entre 2 y 4 puntos a las rentas superiores, respectivamente, a 130.000 euros y 300.000 euros. Tras esta subida, el tipo marginal en el IRPF para estos contribuyentes se situaría en torno al 50%. Difícilmente puede esperarse que estas subidas favorezcan la atracción de talento y/o el establecimiento de nuevas empresas en España.

En definitiva, la inmensa mayoría de las medidas son “viejas conocidas” que ya estaban presentes en el proyecto de ley de Presupuestos que derivó en nuevas elecciones.

Lamentablemente ninguna de ellas está claramente orientada a generar crecimiento mediante la atracción de nuevos inversores sino todo lo contrario. No parece una receta aconsejable cuando todos los indicadores económicos nos vaticinan un menor crecimiento para 2020.