
Nueva reforma fiscal y el efecto Boomerang
En materia impositiva, los países con los que España quiere y debe equipararse buscan en la actualidad favorecer la repatriación de beneficios (es el caso de la reforma de la Administración Trump) y la lucha contra la deslocalización de beneficios (en esta línea se sitúan tanto la Unión Europea como la OCDE, al albur de la iniciativa BEPS).
En España, sin embargo, parece que nos empeñamos en lo contrario, y cada vez estamos más cerca de lo que parece ser una añoranza de ¿muchos", y conseguiremos que todas las empresas ¿prefieran" seguir siendo pequeñas o a lo sumo medianas y que las empresas españolas eviten tener cualquier presencia en el extranjero.
Repetir una afirmación no la convierte en verdad, y por mucho que los sucesivos gobiernos independientemente de su “color" se empeñen en acusar a las empresas -sobre todo las denostadas “grandes corporaciones"-de pagar menos impuestos que el resto de contribuyentes, dicha afirmación es incorrecta. Conviene por eso recordar determinadas cuestiones contrastables y que quizá ayuden a una mejor evaluación de la reforma tributaria que se avecina.
Si no hubiese sido por la subida de la presión fiscal que en 2015 y en 2016 introdujo el anterior Gobierno, y que casi en exclusiva, afectó a grandes y medianas empresas, en España no habríamos podido reducir el déficit Especialmente dolorosa sigue siendo la modificación urgente de diciembre de 2016. Como ya tuvimos ocasión de señalar, dicha modificación obliga a las grandes y medianas empresas a financiar gratuitamente al Tesoro Público, anticipando cantidades a cuenta que “se sabe” el Estado tendrá que devolver (sin intereses) en unos meses o años.
Establecer una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable sería un paso más en la dirección equivocada, ya que no sólo se estaría quebrando el ya maltrecho mandato constitucional de pagar en función de la capacidad contributiva real, sino que también vulneraría gran parte de tratados internacionales suscritos por España y que, no lo olvidemos, como tales tratados internacionales priman sobre las leyes nacionales.
Verdad a medias
Cuando se dice que las grandes empresas españolas pagan el 8% se dice una verdad a medias, ya que todo depende de cómo se calcule ese porcentaje, y es que ese cálculo admite muchas lecturas. Si uno de los objetivos de la anunciada reforma es que las empresas extranjeras que operan en España (sobre todo las digitales) paguen impuestos en nuestro país, tendremos que admitir que el resto de los países hagan lo propio y que las empresas españolas que operan fuera de nuestras fronteras paguen impuestos en aquellos países donde operan.
Nuestra actual legislación, y nuestros compromisos internacionales, siguen esa idea, y por eso los beneficios de las empresas españolas que ya han pagado (insistimos, ya han pagado) un alto nivel de impuestos en el extranjero están exentas cuando llegan a España.
Ahora bien, si para determinar el porcentaje de impuesto que pagan las empresas españolas tomamos en consideración el beneficio obtenido en el extranjero, pero no el impuesto pagado en el extranjero, estaremos mezclando “churras con merinas". El cálculo correcto obliga a comparar el impuesto “español" frente al beneficio “español", o el impuesto mundial total frente al beneficio mundial total, pero dicho cálculo no debe mezclarse.
Lamentablemente, la lacra del fraude fiscal existe en todos los países, pero la forma de combatirlo no puede pasar por el “café para todos". Tratar por igual a cumplidores y no cumplidores lamentablemente no favorece que haya más cumplidores, sino todo lo contrario.
Resulta alentador que se propugne la seguridad jurídica, pero acompañar dicha afirmación del anuncio de una reforma de las grandes corporaciones sin concretar plazos y efectos de la misma contribuye a lo contrario, y, sobre todo, paraliza cualquier atisbo de inversión nacional o extranjera que pudiese estar gestándose.
Tendremos que esperar para acabar de evaluar el alcance y consecuencias de la reforma fiscal en ciernes, pero de lo que hasta hoy conocemos debemos valorar positivamente la introducción del elemento ambiental y de la lucha por la igualdad de sexos, pero no podemos valorar positivamente una reforma fiscal que desconozca que las grandes y medianas empresas son también contribuyentes, además de importantes creadores de empleo y de riqueza en general. Una reforma fiscal que siga “exprimiendo" a determinados tipo de contribuyentes tendrá un efecto boomerang por cuanto dichas empresas necesariamente trasladarán dichos costes a sus clientes o empleados.
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