La nueva regulación del alquiler amplía las prórrogas e introduce indemnizaciones por no renovación.

El Real Decreto-ley 27/2026, publicado el 1 de octubre de 2026, introduce una profunda reforma del régimen de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La principal novedad es que, una vez alcanzada la duración mínima legal del contrato, la continuidad del alquiler pasa a ser la regla general, sustituyendo al sistema actual en el que la finalización del contrato operaba como mecanismo ordinario. Además, se amplía el plazo de preaviso del arrendador de cuatro a seis meses y se establecen nuevas obligaciones en caso de no renovación.

Entre los cambios más relevantes destaca la indemnización obligatoria al inquilino cuando el arrendador decida no prorrogar el contrato, salvo que concurra alguna de las causas legalmente previstas. La norma también refuerza la protección de los arrendatarios en situaciones de vulnerabilidad y en zonas de mercado residencial tensionado, mantiene las prórrogas extraordinarias ya existentes y establece un régimen transitorio que afecta a numerosos contratos actualmente vigentes. En conjunto, el decreto supone uno de los cambios más importantes en materia de arrendamientos de vivienda desde la reforma de 2019, reforzando la estabilidad residencial y elevando las exigencias para poner fin a los contratos de alquiler.

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