España enfrenta expediente sancionador por el retraso en la transposición de la directiva CSRD

El jueves 26 de septiembre, la Comisión Europea informó a España y a otros 16 Estados miembros sobre la apertura de un expediente sancionador debido al retraso en la transposición a sus legislaciones nacionales de una directiva que exige a las grandes empresas reportar sobre su impacto ambiental. Los 17 países afectados, entre los que se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía, aún no han comunicado la completa incorporación de las disposiciones de la directiva a su legislación nacional dentro del plazo estipulado, que concluyó el 6 de julio de 2024.

Esta directiva, sobre la que ya hicimos un post, impone nuevas normativas sobre la divulgación de información de sostenibilidad, obligando a las grandes empresas y a las cotizadas en bolsa a revelar datos sobre los riesgos sociales y ambientales que enfrentan, así como el impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente. Las nuevas directrices de sostenibilidad serían aplicables desde este año 2024 para el reporte en el año 2025. Si estas reglas no se incorporan, no se alcanzará el nivel de armonización requerido en la UE, y los inversores no podrán evaluar el rendimiento de las empresas en términos de sostenibilidad al tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, en España sigue ahora vigente la Ley 11/2018  de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad para fomentar el impacto social positivo

Los países ahora tienen un plazo de dos meses para responder y remediar las deficiencias señaladas por la Comisión. Si no proporcionan una respuesta satisfactoria, la Comisión puede optar por llevar a sus gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que esperamos no suceda. Aunque la alternativa es una trasposición inmediata que con seguridad traerá de cabeza a los equipos de sostenibilidad de las empresas obligadas.