Sentencia del Tribunal Constitucional sobre ocupación ilegal: amparo por aplicación arbitraria del RDL 11/2020
El Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por una propietaria a la que el Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Barcelona le denegó alzar la suspensión del lanzamiento de un ocupante ilegal, pese a no concurrir los requisitos del artículo 1 bis del Real Decreto-Ley 11/2020. La Sentencia de 16 de noviembre de 2025 declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Una propietaria adquirió una vivienda ocupada ilegalmente por un tercero sin título que había alegado situación de vulnerabilidad económica. El Juzgado de Primera Instancia había suspendido el lanzamiento aplicando el artículo 1 bis del RDL 11/2020, norma que exige que la vivienda pertenezca a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez inmuebles. Al no ser la nueva propietaria gran tenedora, solicitó que se fijara fecha para el lanzamiento. Sin embargo, el Juzgado denegó su petición mediante Auto de 14 de diciembre de 2023, modificando su criterio inicial sin motivación e inadmitiendo posteriormente el incidente de nulidad de actuaciones.
El Tribunal Constitucional ha considerado que existe una contradicción arbitraria entre los autos dictados por el Juzgado: el primero aplicaba correctamente el artículo 1 bis (ocupación sin título), mientras el segundo modificó este criterio sin justificación, manteniendo la suspensión pese a no cumplirse los requisitos legales. Esta falta de motivación, unida a la inadmisión del incidente de nulidad, constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia establece límites claros a la aplicación de las medidas de suspensión de lanzamientos cuando no concurren los requisitos legalmente establecidos en casos de ocupación ilegal que afectan a pequeños propietarios.
