
Propuesta de Reglamento Europeo de Ratings ESG
La Comisión Europea presentó el pasado 13 de junio un paquete de medidas para fortalecer los cimientos del Marco de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. Entre las que se incluye su propuesta de marco para la regulación de la transparencia y la integridad de las actividades de calificación ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Actualmente no existe un régimen jurídico a escala de la Unión Europea para las calificaciones ESG. De esta forma, la iniciativa no tiene por objeto armonizar las metodologías para el cálculo de dichas calificaciones, sino aumentar su fiabilidad, comparabilidad y transparencia, dado su impacto, cada vez mayor, en el funcionamiento de los mercados de capitales y en la confianza de los inversores en los productos sostenibles, como motor de las finanzas sostenibles.
Una de las principales novedades es la distinción entre “calificación” y “puntuación” para dar respuesta a las necesidades de los dos principales usuarios de la información proporcionada por los proveedores de rating. Por un lado, existe la necesidad de que los gestores de fondos ESG dispongan de un sistema de puntuación adaptado a sus necesidades. Y, por otro lado, están las necesidades de las empresas cotizadas y de los emisores, que exigen en cambio calificaciones auténticas y transparentes que ofrezcan al mercado un sistema homogéneo de comparación sobre la base de los objetivos de sostenibilidad previstos por la Unión Europea y que no estén influidas por opciones éticas y subjetivas.
El sistema de "puntuación" está dirigido a las gestoras de fondos, y es un modelo que se basa principalmente en cuestionarios enviados a las empresas o en sistemas de recopilación de datos que se prestan a interpretaciones y a los intereses determinados de las diferentes políticas de gestión de los usuarios, para proporcionar al gestor un conjunto de datos útiles para sus decisiones de inversión.
En cambio, la "calificación" ESG se caracteriza, según la Comisión, por la opinión "cerrada" de un analista, que asume la responsabilidad de la misma a condición de que se utilice desde el principio un sistema de evaluación normalizado y preestablecido, que ofrezca comparabilidad y se base en un algoritmo homogéneo divulgado públicamente. Sobre el detalle de las calificaciones, la propuesta establece los criterios específicos que deben guiar las metodologías de calificación, que deben ser rigurosas, sistemáticas, objetivas, continuas, estar sujetas a validación y ser revisadas anualmente.
Según lo planteado en la Propuesta, esta distinción conseguirá el propósito principal de la iniciativa de mejorar la calidad de las calificaciones ESG. Esto permitirá a los inversores tomar decisiones de inversión más informadas y alineadas con los objetivos de sostenibilidad, y a las empresas y emisores para divulgar de forma homogénea y subjetiva.
Además, la propuesta pone el foco en la transparencia obligando a los proveedores de calificaciones que ofrezcan servicios a inversores y empresas de la Unión Europea estén autorizados y supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que podrá solicitar información, realizar investigaciones e inspecciones, así como imponer sanciones (que podrían alcanzar el 10% del volumen de facturación).
ESMA servirá por tanto de plataforma centralizada para poner a disposición del público esta información sobre proveedores autorizados y calificaciones ESG. Se prevé incluso que para 2028 haya que publicar cierta información en el Punto de Acceso Único Europeo en formato legible por máquina.
La propuesta establece obligaciones también en materia de buen gobierno y la correcta gestión de posibles conflictos de interés, y sugiere que los proveedores de calificaciones no puedan desarrollar también otras actividades profesionales que pudieran mermar su objetividad, como aquellas de auditoría o consultoría.
Estas nuevas medidas suponen actividades adicionales a la Taxonomía de la Unión Europea y proponen nuevas reglas para los proveedores de criterios ESG, que aumentarán la transparencia en el mercado de inversiones sostenibles.
La propuesta establece un calendario estricto para su aprobación, y se espera que su aprobación final por el Parlamento y el Consejo tenga lugar a lo largo del próximo año 2024, y, aunque el calendario de aplicación puede retrasarse algo más, las cuestionen planteadas deben abordarse en el corto plazo para garantizar su correcto funcionamiento.
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