Col·laboració públic-privada en el món immobiliari

(Article en castellà)

Ayer se celebró la primera edición del Foro Juntos Sumamos Más. Durante la jornada, se debatió sobre las tendencias en proyectos de colaboración público- privada para poner en el mercado vivienda asequible.

El debate se inició con una explicación de la situación de carencia en España de vivienda asequible, en particular de alquiler, y los inconvenientes que plantea la normativa en vigor y en fase de aprobación para su desarrollo.

Relacionado con este punto, se destacaron las principales políticas públicas en el mercado de alquiler de vivienda, fundamentalmente: (i) los controles de las rentas, (ii) la oferta pública de alquiler a precios asequible y (iii) las intervenciones indirectas, como la regulación de los arrendamientos, los instrumentos de política fiscal y la regulación urbanística. Además, se comentó que el proyecto de ley de vivienda reúne varias de esas medidas pero que hay dudas sobre su constitucionalidad por invadir competencias autonómicas.

Sobre la contención de las rentas, se comentó que todavía es pronto para ver los efectos en Cataluña, pero si se va viendo que hay menor oferta de vivienda en alquiler y que los precios se están instalando en el rango medio, que no era el efecto que se perseguía. También se explicó que en Cataluña se ha aprobado el Plan Territorial de vivienda que hace diagnosis de las necesidades de vivienda a 20 años y que no hay fondos presupuestarios para cubrir las necesidades, por lo que es esencial la colaboración público-privada y a la cesión de vivienda por grandes tenedores por la vía de la concertación, no de la confrontación.

Además, se habló de que los precios en Barcelona están subiendo y hay menor oferta, que es un buen momento para el sector promotor pero que el nº de viviendas en construcción es muy inferior a la demanda.

Por otro lado, el debate también se centró en la Comunidad de Madrid. Allí la política de fomento está orientada en deducciones fiscales y seguridad jurídica a arrendadores y arrendatarios.

La segunda parte del debate se centró en las diferencias entre Ayuntamiento y en la seguridad jurídica. La gestora Salas Plushabit explicó que su empresa necesita poder escalar el modelo y que no es viable tener que negociar con cada Ayuntamiento por separado. Se requieren acuerdos con Ayuntamientos para cesión de suelo y derechos de superficie y se necesitan ayudas y subvenciones. A su vez, destacó que los módulos de precios de vivienda protegida no están actualizados y es imposible construir con el incremento de costes que está habiendo, la falta de mano de obra y los cada vez mayores requisitos técnicos de sostenibilidad, eficiencia, etc.

Para finalizar, se enfatizó que este es un negocio de fondos, que las rentabilidades son bajas y que es fundamental contar con seguridad jurídica para atraer la inversión. Y se afirmó que en Cataluña no hay seguridad jurídica y que es necesario un pacto, también a nivel estatal, pero no parece posible en este momento. Y si no se hacen actuaciones de carácter proactivo, las administraciones no van a poder suplir al sector privado. Se necesitan medidas estructurales.

La principal conclusión del debate es que, para cambiar la situación de carencia de vivienda asequible en España, es esencial la colaboración público-privada, donde juegan un papel muy relevante la seguridad jurídica y las diferencias entre Ayuntamientos.