La justicia intenta ponerse al día

El 20 de diciembre de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo (el “RDL”).

El RDL dará para muchos artículos y seminarios de formación, destacando de forma general que tiene primordialmente una doble finalidad. La de fomentar el proceso de digitalización de la administración de justicia, por un lado, y por otro la de implantar medidas de eficiencia procesal en los ámbitos de la jurisdicción civil, penal, laboral y contencioso-administrativo, destinadas a reducir la litigiosidad y a agilizar los procedimientos.

Curiosamente, a pesar de tener como objetivo modernizar y dinamizar la justicia, en el RDL no aparecen los denominados métodos adecuados de solución de controversias (“MASC”) y, en particular, no recoge el requisito de procedibilidad de haber acudido a estos mecanismos con anterioridad a la presentación de la demanda. Cabe pensar que esta cuestión, que sin duda puede ayudar a reducir el volumen de procedimientos judiciales que se tramitan en nuestro país, y de indudable trascendencia, será abordada e introducida en un futuro por el legislador.

Asimismo, es importante destacar que se introduce también un sistema de evaluación del desempeño y carrera profesional de los funcionarios de justicia. Un elemento clave para favorecer el impulso y dinamismo de los procedimientos judiciales, los cuales están en manos de los funcionados una vez la demanda entra dentro del sistema de la administración de justicia. Aunque, entre otros, se buscará la motivación de las personas mediante su implicación en la consecución de los objetivos, se fomentará el trabajo en equipo y el desarrollo y promoción profesional, todo ello quedará sujeto a una negociación colectiva que concretará las normas que fijen estos criterios y mecanismos, con lo que su efectividad dependerá de lo que finalmente se pacte por convenio.

En el plano digital, y profundizando con la medida de la eliminación del papel físico, se intenta dar un paso más en lo que se entiende y aplica como expediente judicial electrónico. El RDL busca dotar de medios para que todos los datos del expediente estén estructurados de manera que proporcionen una información global del procedimiento judicial, incluyendo documentos, trámites, actuaciones electrónicas o grabaciones audiovisuales. Incluso se prevé potenciar el comité técnico actual y crear un consejo consultivo para lograr una plena implementación de la justicia digital.

Es importante ver como el RDL, en línea con las recientes modificaciones del último año, establece que esta modernización que permite un acceso digital permanente a la administración de justicia debe implementarse teniendo en cuenta el derecho de las personas profesionales de la abogacía, de la procura y los graduados sociales a que estos sistemas posibiliten y favorezcan la desconexión digital y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, siempre que se respete lo dispuesto en la legislación procesal.

En el ámbito procesal civil, destaca como novedad esencial la modificación de la cuantía por la que se tramitan los procedimientos, y la implementación del procedimiento testigo. Se tramitarán por el juicio verbal todos aquellos asuntos cuya cuantía sea inferior a quince mil un euro. Cabe pensar que con la reducción de vistas para un gran numero de asuntos, los expedientes procesales terminen antes. Esto nos lleva a reflexionar si no hubiese sido incluso necesario subir la cuantía por encima de esos quince mil euros. En los pleitos masa, como viene sucediendo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se implementa la elección de una serie de procedimientos denominados testigo para que la resolución de uno o varios de ellos sirva de modelo para el resto. 

Aunque el RDL entró en vigor el día 21 de diciembre, cada una de las novedades que contiene entra en vigor en diferentes días. Las medidas de eficiencia digital entrarán en vigor el día 9 de enero de 2024, mientras que las modificaciones procesales lo harán a los tres meses desde la fecha de su publicación en el BOE, esto es, el próximo día 20 de marzo de 2024.

En conclusión, se trata de una serie de medidas que son bienvenidas y necesarias para intentar lograr que la administración de justicia deje de ser la peor valorada por todos los ciudadanos. Para tal empeño hará falta contar con la voluntad y el esfuerzo de todos los operadores jurídicos. Esperemos que esta vez sirva para lograr los fines que se propone.