Nueva reforma para proteger a las personas trabajadoras que denuncian infracciones

El Gobierno ha presentado un Anteproyecto de Ley que introduce cambios importantes en el Estatuto de los Trabajadores (ET) y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) para reforzar la protección de quienes denuncian infracciones normativas o posibles casos de corrupción dentro de las empresas. Esta reforma se enmarca en el desarrollo de la Ley 2/2023, conocida como Ley de Protección de las Personas Informantes.

Se trata de un paso más para garantizar que las personas trabajadoras que informan de irregularidades —los llamados whistleblowers— no sufran represalias y cuenten con un marco jurídico sólido que ampare su indemnidad.

En un contexto en el que la transparencia corporativa y la lucha contra la corrupción se han convertido en prioridades tanto a nivel europeo como nacional, la protección efectiva de quienes denuncian irregularidades constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho. El Anteproyecto que ahora analizamos representa un avance decisivo en la consolidación de un marco normativo que articula mecanismos concretos y eficaces para garantizar la indemnidad de los informantes frente a cualquier tipo de represalia empresarial. La experiencia comparada demuestra que los sistemas de protección de denunciantes más eficaces son aquellos que combinan garantías sustantivas con procedimientos ágiles y accesibles.

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