Alerta informativa: Ley de Cambio climático y transición energética

El objeto de la LCCTE (art. 1) es asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adap­tación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sosteni­ble que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades. Su desarrollo se regirá por los principios reconocidos en el Derecho nacional, de la Unión Europea e internacional de aplicación en materia de energía y clima, entre los que destacan, desde un punto de vista estrictamente medioambiental, el “principio de no regresión” y el de “quien contamina paga”, así como “la mejor y más reciente evidencia científica disponible” (art. 2).

En cuanto a la regulación de los objetivos ambientales (art. 3), la LCCTE establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%; lograr una sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. Así como establece que, antes de 2050 y, en todo caso, en el más corto plazo posible, España deberá alcanzar la neutralidad climática, y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable. Estos objetivos, además, serán revisables, sin que puedan suponer una disminución del nivel de ambición medioambiental y deberán reflejar la mayor ambición posible.

Como herramientas para determinar el marco de actuación en materia de acción contra el cambio climático la LCCTE prevé: los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (, art. 4), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC, art. 17) –aprobados para el periodo 2021-2030–, la Estrategia de Descarbonización a 2050 (art. 5) –también aprobada-, los Planes Autonómicos de Energía y Clima (art. 38), la Estrategia de financiación climática internacional (Disp. adicional 3ª), y crea el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética (art. 37), que será el órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas.

Continúa leyendo la alerta en el .pdf adjunto.