
La Generalitat somete a información pública el Plan Territorial de Energías Renovables (PLATER)
El 29 de abril de 2026, la Generalitat de Catalunya publicó en el Diari Oficial el edicto del Institut Català d’Energia por el que se somete a información pública el Proyecto de Decreto que aprueba el Plan Territorial Sectorial para la generación eléctrica, eólica y fotovoltaica (PLATER), junto con su estudio ambiental estratégico. Este instrumento se configura con una doble dimensión: por un lado, como herramienta de planificación territorial sectorial destinada a distribuir de manera equilibrada los proyectos de energías renovables en Cataluña y, por otro, como desarrollo reglamentario de determinados aspectos del Decreto Ley 16/2019 en materia de transición energética. Desde el punto de vista jurídico, el PLATER tiene naturaleza vinculante para el planeamiento urbanístico, que deberá ser coherente con sus determinaciones, y resulta aplicable a todo el territorio catalán. Entre sus objetivos principales destacan garantizar un despliegue ordenado y sostenible de las infraestructuras renovables, atender a las particularidades territoriales y facilitar la agilización de los procedimientos administrativos asociados.
En este marco, el PLATER establece una zonificación detallada del territorio mediante la distinción entre edificios, espacios artificializados y espacios no artificializados, estos últimos clasificados a su vez en zonas aptas y no aptas según diversos criterios normativos, ambientales y locales. Asimismo, fija grados de prioridad territorial para la implantación de proyectos energéticos y determina objetivos municipales de producción y capacidad en energía solar fotovoltaica y eólica, conforme a criterios de solidaridad territorial. El plan también incorpora medidas de simplificación administrativa, declarando de urgencia determinados procedimientos de autorización, especialmente en zonas prioritarias o proyectos promovidos por entidades públicas o comunidades energéticas. Finalmente, se prevén instrumentos de seguimiento y evaluación a cargo del Institut Català de l’Energia, con publicación de datos en plataformas abiertas, y se somete el proyecto a un periodo de información pública de tres meses, abierto hasta el 29 de julio de 2026, con el fin de recabar alegaciones.
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