Escalada del conflicto en Irán: consecuencias económicas y respuesta normativa para empresas
El 27 de febrero se inició un conflicto armado en Irán cuya duración se desconoce, sin que pueda descartarse que se trate de una situación prolongada con un impacto económico mundial que podría extenderse más allá de su resolución.
El precio del barril de Brent ha superado los 100 dólares y el gas natural ha subido más de un 50%. En España, el diésel ha subido 28 céntimos por litro y la electricidad en el mercado mayorista supera los 100 €/MWh, con picos de hasta 200 €/MWh.
En este contexto, el Gobierno de España estudia medidas de respuesta que incluyen un escudo social, medidas laborales y tributarias, ayudas directas al transporte, medidas societarias y concursales, y en el ámbito energético, la limitación del precio del gas natural mediante un mecanismo de ajuste de costes de producción para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista ("excepción ibérica").
Más allá de las medidas gubernamentales, el conflicto puede generar disrupciones en cadenas de suministro, incumplimientos contractuales, invocación de cláusulas de fuerza mayor y de rebus sic stantibus, así como quiebras de seguridad por ciberataques.
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