Modificaciones normativas para el impulso de la contratación pública social
La Ley 1/2026, de 8 de abril, publicada en el BOE el 9 de abril de 2026 y en vigor desde el día siguiente, responde a la necesidad de actualizar y reforzar el marco normativo de la economía social en España. Para ello, la norma acomete la modificación de tres textos legales clave: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación de las empresas de inserción, y la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
Su principal objetivo es reforzar la integración de criterios sociales en la contratación pública, impulsando el papel de los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción como instrumentos de inclusión laboral. Para ello, introduce importantes novedades en tres ámbitos: el incremento del porcentaje mínimo de reserva obligatoria de contratos, la obligación de incluir criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución vinculadas a itinerarios de inserción, y el fomento de las cláusulas sociales en la contratación pública con carácter general. A continuación, analizamos en detalle cada una de estas modificaciones.
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