¿Te has visto afectado por un concurso exprés? ¡No está todo perdido!

Desde la reforma introducida por la Ley 38/2011, nuestra normativa concursal incluye una modalidad conocida como concurso sin masa, o más comúnmente, concurso exprés. Este mecanismo se activa cuando una empresa en situación de insolvencia no posee activos suficientes para cubrir los créditos contra la masa generados por la tramitación del procedimiento. En otras palabras, es para aquellas empresas que no tienen activos para liquidar.

El proceso comienza con la solicitud de declaración de concurso sin masa. Si el Juez Mercantil aprecia la insuficiencia de masa activa alegada por la empresa, dicta un Auto declarando el concurso de acreedores y ordena su publicación en el BOE y en el Registro Público Concursal. A partir de esta publicación, los acreedores tienen 15 días para solicitar el nombramiento de un administrador concursal si consideran que existen indicios de actos perjudiciales, responsabilidad social o que el concurso pudiera ser calificado como culpable. Si no se produce esta petición, el Juez dicta otro Auto acordando la conclusión del concurso y la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad.

Con el paso del tiempo, se ha constatado un uso fraudulento de este mecanismo para la extinción de sociedades en insolvencia. Muchas empresas dan de baja contablemente sus activos o proceden a una liquidación ruinosa para conseguir la tramitación del concurso sin masa, confiando en que los acreedores no consultarán el BOE ni el Registro Público Concursal, o que no asumirán el coste del informe del Administrador Concursal.

Muchos acreedores se dan cuenta de la situación demasiado tarde, cuando ya han pasado los 15 días para solicitar el nombramiento del administrador concursal. Sin embargo, no todo está perdido. Existen dos vías legales para la recuperación de créditos: la acción individual de responsabilidad (Art. 241 TRLC) y la acción de responsabilidad por deudas (Art. 367 LSC).

La acción individual de responsabilidad permite imputar al administrador el impago de una deuda social como daño ocasionado al acreedor, siempre que concurran tres requisitos: un acto negligente imputable al administrador, un daño para el acreedor y un nexo de causalidad entre el acto ilícito y el daño reclamado. Por ejemplo, si una sociedad presenta el concurso sin masa y aún tiene trabajadores con contratos vigentes, el liquidador debe extinguir estos contratos según el Art. 51 ET. Si no lo hace, se incrementan las deudas laborales, y el liquidador puede ser responsable por la vía de la acción individual de responsabilidad.

En Barcelona, los Juzgados Mercantiles confirmaron en diciembre de 2023 que la pasividad u omisión en la extinción de los contratos por el órgano de administración puede derivar en responsabilidad según el Art. 241 LSC. 

Por otro lado, la acción de responsabilidad por deudas (Art. 367 LSC) permite reclamar al administrador el pago del crédito si en el momento de su nacimiento la sociedad ya estaba en causa de disolución y no adoptó las medidas previstas en el Art. 363 LSC.

En resumen, aunque un acreedor se vea afectado por un concurso exprés y piense que su crédito es incobrable, debe saber que aún puede accionar frente al administrador de la sociedad si concurren los requisitos para ejercer la acción individual de responsabilidad o la acción de responsabilidad por deudas. ¡No todo está perdido!