El futuro marco europeo en el sector textil: #ReFashionNow

El objetivo de la Unión Europea para 2030 es lograr una transición hacia una industria textil sostenible y circular, poniendo el foco en la calidad, la durabilidad, la prolongación del uso, la reparación y la reutilización de los productos textiles, a fin de luchar contra la moda rápida, los residuos textiles y la destrucción de los productos textiles no vendidos, además de velar por que su producción se lleve a cabo respetando plenamente los derechos laborales. Todo ello, bajo el lema #ReFashionNow.

Para ello, la Estrategia de la UE sobre los Productos Textiles Sostenibles y Circulares requiere la participación de todas las partes. Por un lado, los fabricantes deben crear productos textiles duraderos y de calidad, hechos con fibras recicladas y, a su vez, reciclables, libres de sustancias peligrosas y producidos con respeto de los derechos sociales y del medio ambiente, responsabilizándose de toda su cadena de valor, incluso cuando se convierten en residuos. Por otro lado, los consumidores han de reconfigurar sus hábitos de compra para lograr que la moda rápida deje de estar de moda. Por su parte, los Estados miembros tienen que adoptar medidas fiscales favorables para el sector de la reutilización y la reparación. Y las asociaciones público-privadas deben definir iniciativas de investigación y garantizar el liderazgo y la excelencia del ecosistema textil.

En la consecución de este objetivo, el nuevo marco europeo, conformado por la Estrategia de la UE sobre los Productos Textiles Sostenibles y Circulares, la Propuesta de Reglamento sobre diseño ecológico de los productos sostenibles, la Propuesta de Reglamento sobre microplásticos liberados de forma no deliberada al medio ambiente y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, que se prevén aprobar en los próximos meses, establece 6 novedades:

1. Requisitos vinculantes de diseño ecológico para los productos textiles a fin de aumentar su rendimiento en términos de durabilidad, reusabilidad, reparabilidad, reciclabilidad de fibra a fibra y contenido obligatorio de fibras recicladas, de minimizar y rastrear la presencia de sustancias preocupantes y de reducir los efectos adversos sobre el clima y el medio ambiente.
2. Limitación de la destrucción de los textiles no vendidos o retornados y una obligación de transparencia que obligue a las grandes empresas a hacer público el número de productos que desechan y destruyen, incluidos los productos textiles.
3. Reducción de la contaminación de micro plásticos. Para ello, se establecen diversas medidas centradas en los procesos de fabricación, el prelavado en las plantas de fabricación industrial, el etiquetado y la promoción de materiales innovadores, el uso de filtros para lavadoras que pueden reducir hasta en un 80 % el volumen que se libera en los lavados, el desarrollo de detergentes suaves, la aprobación de directrices para el cuidado y el lavado, el tratamiento de residuos textiles al final de su vida útil y el tratamiento de las aguas residuales y los lodos de depuradora.
4. Creación de un pasaporte digital para productos textiles que permitirá una mejor trazabilidad de los productos e incluirá información sobre la huella ambiental, posibilidades de reparación, reciclabilidad, porcentaje de material reciclado y de sustancias preocupantes. De hecho, este pasaporte digital ya está implementado en Francia.
5. Difusión del marqueting verde solo para textiles realmente sostenibles. En concreto, en el punto de venta se deberá informar a los consumidores sobre la garantía comercial de durabilidad y las declaraciones medioambientales como «ecológico», «respetuoso con el medio ambiente» o «bueno para el medio ambiente» solo se permitirán si están respaldadas sobre la base de la etiqueta ecológica de la UE.
6. Elaboración de una normativa de responsabilidad para los productores (EPR) para mejorar la reutilización y reciclaje de los residuos textiles. Los productores serán responsables de los residuos que generan sus productos, lo que se considera esencial para disociar la generación de residuos textiles del crecimiento del sector. Además, la Comisión ha propuesto una revisión de la normativa sobre traslado de residuos, para establecer criterios que permitan distinguir los textiles de segunda mano de los residuos, con el fin de evitar que los residuos se declaren falsamente como bienes usados ​​para la exportación y acaben en vertederos en los países de destino, y, en definitiva, aumentar la transparencia en el comercio de residuos textiles y textiles usados.

La Comisión también revisará el Reglamento sobre el etiquetado de productos textiles. Actualmente, esta norma únicamente exige que este tipo de producto, cuando se vendan en el mercado de la Unión Europeo, lleve una etiqueta que identifique la composición de la fibra e indique cualquier elemento no textil de origen animal. Pues bien, se prevé introducir información nueva como los parámetros de sostenibilidad, una puntuación sobre reparabilidad, la medida de los productos o el país en el que se fabrican. También se valorará la posibilidad de introducir una etiqueta digital.

Por otro lado, entre las propuestas de la Comisión para el diseño circular, está la de introducir criterios obligatorios para la contratación pública ecológica. En efecto, para contribuir al objetivo de alcanzar la neutralidad climática, mejorar la eficiencia energética y la eficiencia en la utilización de los recursos y lograr la transición hacia una economía circular que proteja la salud pública y la biodiversidad, la Comisión exige a las autoridades y entidades adjudicadoras que adapten sus contrataciones a criterios u objetivos específicos de contratación pública ecológica, que se establecerán en los actos delegados adoptados en virtud de la propuesta de Reglamento sobre diseño ecológico de los productos sostenibles. Y aquellos criterios deberán cumplirse no sólo cuando se contraten dichos productos directamente en contratos públicos de suministro sino también en contratos públicos de obras o contratos públicos de servicios en los que se vayan a utilizar dichos productos para actividades que constituyan el objeto de los contratos.

La contratación pública ecológica implica (i) maximizar la utilización de gasto público para impulsar la demanda de los productos ecológicos, (ii) promover la adquisición por parte de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible, (iii) impulsar la economía circular y, (iv) apoyar el crecimiento inteligente, sostenible e integrador garantizando, al mismo tiempo, un uso más racional y económico de los fondos públicos. De hecho, la contratación pública asciende al 14 % del PIB de la Unión Europea por lo que aquel porcentaje, con los nuevos criterios, colaboraría en la transición ecológica y energética.